¿Quién dirige el deporte paraguayo? Descentralización deportiva: ¿realidad o retórica?

 ¿Descentralización del deporte… o concentración institucional?

En los últimos años, el Comité Olímpico Paraguayo (COP) ha promovido diversos proyectos en nombre del desarrollo y la descentralización del deporte nacional. Sin embargo, detrás de esta narrativa se percibe un modelo de concentración funcional, presupuestaria y política que ha generado inquietud en el ecosistema federativo. Desde esta perspectiva, resulta oportuno analizar los siguientes puntos:

1. La autonomía federativa en riesgo

De acuerdo con la Ley N° 2874/06 del Deporte, corresponde a las federaciones deportivas nacionales la organización, el desarrollo técnico y la representación internacional de sus disciplinas. Son ellas quienes seleccionan atletas, definen calendarios de competencias y establecen criterios de formación. En este marco, el COP tiene como misión representar al país ante el Comité Olímpico Internacional y fomentar el olimpismo, pero no sustituir el rol operativo de las federaciones ni crear reservas de atletas por fuera del sistema federado.

Lo que parece una descentralización territorial podría convertirse en una recentralización institucional, donde el COP actúa como administrador exclusivo de fondos estatales y programas deportivos, desplazando a las federaciones y gobiernos locales del protagonismo que la ley les concede.

2. Megaobras deportivas: ¿legado o elefante blanco?

Entre los principales proyectos impulsados por el COP se destaca la construcción del Centro Acuático Olímpico, financiado con fondos públicos y mantenido por el Estado. La obra, de más de USD 10 millones, se construyó sin estudios técnicos transparentes y en detrimento de sectores como educación y salud, que se encuentran en condiciones paupérrimas.

Paraguay no posee una base atlética de alto rendimiento capaz de justificar semejante infraestructura ni garantizar su sostenibilidad. El alto costo de mantenimiento, sumado a problemas logísticos y de tránsito, lo convierte en un posible elefante blanco institucional, que podría generar pérdidas a largo plazo para el Estado. A esto se suma la posibilidad de que la obra haya sido ejecutada sin procesos licitatorios adecuados, en complicidad entre el COP, la SND y el Gobierno Nacional, con el objetivo de “darle vida” por unos años bajo una narrativa artificial de legado olímpico.

3. ¿Inversión en deporte o concentración de poder?

Mientras se habla de inversión en deporte, los atletas deben pagar por sus concentraciones y alimentación en instalaciones administradas por el COP, como el hotel ubicado dentro de su sede. Este hecho contradice el discurso institucional y evidencia una falta de apoyo estructural para quienes representan al país.

Además, el presidente del COP, Camilo Pérez López Moreira, concentra múltiples cargos nacionales e internacionales, incluyendo funciones directivas en empresas privadas y fundaciones vinculadas al deporte. Esta acumulación de poder operativo y financiero sugiere un modelo de gestión que gira en torno a una sola figura, más que al desarrollo integral del deporte paraguayo.

La pregunta legítima es: ¿cuándo trabaja realmente Camilo Pérez en cada cargo? Y más aún, ¿cómo se fiscalizan los proyectos millonarios de la fundación que dirige, cuando opera en el mismo ecosistema que gestiona recursos públicos y programas deportivos?

4. Desplazamiento de la Secretaría Nacional de Deportes

Actualmente, el COP ejerce una influencia predominante sobre la Secretaría Nacional de Deportes (SND), entidad que debería ser el órgano rector de la política deportiva nacional. El actual secretario, César Ramírez, carece de formación técnica en gestión deportiva y fue designado por razones eminentemente políticas. Esta situación ha debilitado la capacidad de la SND para ejercer control, planificación y fiscalización sobre los proyectos que promueve el COP.

En lugar de liderar el sistema, la SND respalda decisiones externas sin ejercer un contrapeso técnico, lo que refuerza la percepción de subordinación institucional. La falta de liderazgo estatal ha dejado a las federaciones deportivas sin herramientas ni respaldo concreto para cumplir su rol legal.

5. Opacidad financiera y uso histórico de recursos

Informes de la Contraloría General han señalado transferencias irregulares de fondos desde la SND al COP(2015), sin convenios ni rendiciones de cuentas adecuadas. Esto refuerza la percepción de que el COP no solo influye, sino que históricamente administra recursos estatales sin los controles que exige la ley.

En este contexto, es legítimo preguntarse si el deporte paraguayo está siendo dirigido por una entidad privada con intereses propios, mientras la institución estatal que debería regular, planificar y fiscalizar permanece en segundo plano, sin capacidad técnica ni autonomía política.

Punto 6 – El COP no está por encima de las federaciones nacionales

Es importante recordar que el Comité Olímpico Paraguayo (COP), si bien representa al olimpismo en Paraguay ante el Comité Olímpico Internacional, posee el mismo estatus jurídico que una federación deportiva nacional. Ambas son asociaciones civiles reconocidas por la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y regidas por la Ley N° 2874/06 del Deporte.

Las federaciones nacionales tienen la responsabilidad legal y técnica de desarrollar, promover, seleccionar y proponer a sus atletas para competencias internacionales, incluyendo las de carácter olímpico. Por lo tanto, no están subordinadas al COP, ni jurídica ni operativamente. Su autonomía está respaldada por la ley y por las entidades internacionales a las que están afiliadas, como federaciones continentales y mundiales.

En este sentido, el proyecto de “descentralización” impulsado por el COP no puede considerarse inclusivo ni equitativo, ya que muchos deportes reconocidos en Paraguay no son olímpicos. Ejemplos claros son el boxeo profesional, el boxeo amateur no olímpico, el fútbol americano, el billar, el squash, entre otros2. Estas disciplinas, aunque no estén en el programa olímpico, tienen federaciones legítimas, atletas activos y reconocimiento nacional, por lo que no deberían quedar excluidas de las políticas públicas deportivas.

Además, no existe ninguna ley que obligue a una federación a pertenecer al olimpismo, ni a inscribirse en el COP. La afiliación al movimiento olímpico es voluntaria y debe respetar la diversidad del ecosistema deportivo paraguayo. En este contexto, el modelo actual parece responder a un preconcepto institucional, donde los deportes no olímpicos son tratados como secundarios, a pesar de su impacto social, cultural y competitivo.

 

Conclusión

Es urgente revisar el modelo actual de gobernanza deportiva, fortalecer la autonomía de las federaciones, garantizar transparencia en el uso de recursos públicos y exigir criterios técnicos en la conducción institucional. El deporte no debe servir como plataforma de concentración política ni empresarial, sino como herramienta de desarrollo colectivo, equitativo y sostenible.